El asesinato de Ramón Enrique “N” se produjo alrededor de las 21:00 horas del 6 de febrero en un estacionamiento de una tienda de conveniencia en la colonia Dunas, Hermosillo. Según la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), el ataque fue directo y se utilizó armamento de alto poder. En el lugar, las autoridades encontraron un Nissan Máxima azul con el cuerpo de El Kiki en el asiento trasero, quien presentaba múltiples disparos.
El hombre, identificado como lugarteniente de Omar Félix Loaiza, alias "El Pelón", líder de Los Pelones, había sido detenido en noviembre de 2024 por delitos relacionados con la posesión ilegal de armas de fuego. Sin embargo, tras una resolución judicial, un juez federal modificó su medida cautelar, permitiéndole enfrentar el proceso penal en libertad. Esta decisión ha sido objeto de controversia, y la FGJES ha solicitado una revisión de la resolución por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).
El ataque ha generado inquietud debido a la violencia creciente en la región, vinculada al crimen organizado. Las autoridades locales, junto con otras corporaciones de seguridad, están trabajando para identificar a los responsables del asesinato. En el lugar del homicidio se encontraron diversas evidencias balísticas, lo que sugiere que el crimen fue planificado.
Este suceso se suma a una serie de hechos de violencia que han marcado el panorama de seguridad en Sonora, un estado que enfrenta grandes desafíos en su lucha contra el crimen organizado.
¿Consideras que las modificaciones en las medidas cautelares pueden afectar la eficacia en la lucha contra el crimen organizado?
El hombre, identificado como lugarteniente de Omar Félix Loaiza, alias "El Pelón", líder de Los Pelones, había sido detenido en noviembre de 2024 por delitos relacionados con la posesión ilegal de armas de fuego. Sin embargo, tras una resolución judicial, un juez federal modificó su medida cautelar, permitiéndole enfrentar el proceso penal en libertad. Esta decisión ha sido objeto de controversia, y la FGJES ha solicitado una revisión de la resolución por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).
El ataque ha generado inquietud debido a la violencia creciente en la región, vinculada al crimen organizado. Las autoridades locales, junto con otras corporaciones de seguridad, están trabajando para identificar a los responsables del asesinato. En el lugar del homicidio se encontraron diversas evidencias balísticas, lo que sugiere que el crimen fue planificado.
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