Manuel Rodolfo Trillo Hernández, conocido como “La Trilladora”, fue sentenciado a una pena de siete años y medio de prisión por un caso de lavado de dinero. La condena está relacionada con la adquisición de diez vehículos, cuyo valor total superó los siete millones de pesos, utilizando fondos de origen ilícito. A pesar de la gravedad del caso, el tribunal eximió a Trillo Hernández de la acusación más seria, que lo vinculaba al blanqueo de casi mil millones de pesos a través del sistema financiero.

El fallo fue emitido por el juez federal Mario Enrique Lira Espinosa, quien basó su decisión en el hecho de que las pruebas que sustentaban la acusación más grave fueron obtenidas por la Fiscalía General de la República (FGR) sin la debida autorización judicial. La FGR había solicitado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) los registros financieros de Trillo y sus empresas sin contar con una orden judicial, lo que constituyó una violación al artículo 16 de la Constitución mexicana.

Como consecuencia, el juez determinó que la información derivada de esos registros no podía ser utilizada, lo que resultó en una pena menor para el acusado. Esta decisión ha generado controversia, y la FGR ya impugnó el fallo ante un Tribunal Colegiado de Apelación, que deberá decidir si se mantiene la sentencia, se modifica o se revoca.

La sentencia ha dejado abierta la posibilidad de que Trillo Hernández reciba una pena mayor, ya que la acusación de lavado de casi mil millones de pesos podría ser revisada si se resuelven los problemas legales con las pruebas obtenidas por la FGR.

¿Consideras que las irregularidades en la obtención de pruebas deberían influir en la pena impuesta a los acusados de delitos financieros?

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