El martes 11 de febrero, César Mendoza Duarte, un joven de 15 años de la secundaria técnica Bandera Nacional de Iguala, fue hallado sin vida en un camino de terracería de El Tomatal, municipio de Iguala. Según los reportes de la policía, su cuerpo presentaba impactos de arma de fuego en la espalda y las manos cercenadas. Además, fueron dejadas cartulinas en el lugar donde se le acusaba de colocar amenazas contra la feria local. En redes sociales se viralizó un video donde el menor confiesa haber sido pagado por supuestos miembros de grupos criminales para llevar a cabo estas acciones.
De manera paralela, en la madrugada del jueves 13, se colgó una manta en Iguala donde se acusaba al gobierno local de entregar a César Mendoza para ser ejecutado.
El miércoles 12 de febrero, en el municipio de Chilapa de Álvarez, los cuerpos de dos menores, Porfirio Morales, de 12 años, y Mateo Francisco, de 14, fueron encontrados en un camino hacia la comunidad de Ahuixtla. Ambos estudiantes eran originarios de Xochitemopa. Según informes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PF), los menores fueron atacados cuando viajaban a la comunidad vecina y presentaban signos de tortura y disparos en la cabeza. La CRAC-PF responsabilizó a las autoridades locales y a grupos criminales de la zona de estos hechos, y exigió la intervención del gobierno estatal para esclarecer los crímenes.
¿Cómo puede el gobierno garantizar la seguridad de los jóvenes en áreas controladas por organizaciones criminales?
De manera paralela, en la madrugada del jueves 13, se colgó una manta en Iguala donde se acusaba al gobierno local de entregar a César Mendoza para ser ejecutado.
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