El presunto líder del cártel de Los Zetas presentó un recurso ante la SCJN para evitar su entrega.
Miguel Ángel Treviño Morales, conocido como “El Z-40”, presunto líder del cártel de Los Zetas, presentó un recurso legal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con el objetivo de evitar su extradición a Estados Unidos. El acusado argumentó que la Constitución mexicana prohíbe la cadena perpetua y que, por lo tanto, su entrega a las autoridades estadounidenses infringiría sus derechos humanos.
En su solicitud, Treviño Morales pidió la inaplicación de dos tesis jurisprudenciales que permiten la extradición sin la garantía de que no se le impondrá una sentencia de cadena perpetua. En su lugar, solicitó que se considerara una jurisprudencia que establece que, si el país solicitante (en este caso, Estados Unidos) no ofrece una garantía de no aplicar la prisión vitalicia, los jueces federales pueden otorgar un amparo al extraditado.
Sin embargo, la SCJN emitió su fallo este miércoles, indicando que no tenía competencia para frenar el proceso de extradición. La Corte rechazó la solicitud de Treviño Morales y resolvió que el procedimiento de entrega continuaría según lo estipulado.
Este caso resalta las complejidades legales que involucran a los delincuentes internacionales y la interacción entre la justicia mexicana y las autoridades de otros países.
En su solicitud, Treviño Morales pidió la inaplicación de dos tesis jurisprudenciales que permiten la extradición sin la garantía de que no se le impondrá una sentencia de cadena perpetua. En su lugar, solicitó que se considerara una jurisprudencia que establece que, si el país solicitante (en este caso, Estados Unidos) no ofrece una garantía de no aplicar la prisión vitalicia, los jueces federales pueden otorgar un amparo al extraditado.
Sin embargo, la SCJN emitió su fallo este miércoles, indicando que no tenía competencia para frenar el proceso de extradición. La Corte rechazó la solicitud de Treviño Morales y resolvió que el procedimiento de entrega continuaría según lo estipulado.
Este caso resalta las complejidades legales que involucran a los delincuentes internacionales y la interacción entre la justicia mexicana y las autoridades de otros países.
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