Karla Fernanda Hernández Gorostieta, acusada del asesinato de su madre y su tío en agosto de 2022, fue absuelta por un tribunal de la Ciudad de México. La decisión judicial se basó en su inimputabilidad jurídica, determinada por afectaciones psicológicas previas derivadas de antecedentes de violencia institucional.
El abogado defensor, Héctor Pérez, indicó que la Fiscalía General de Justicia capitalina no logró acreditar la responsabilidad penal de Karla, lo que permitió su liberación inmediata. Tras el fallo, Pérez mencionó que ella será acompañada por las personas que la han apoyado durante el proceso judicial.
En la audiencia, se reveló que la Fiscalía había solicitado una medida de seguridad comparable a una sentencia de 120 años de prisión, imputándole los delitos de feminicidio y homicidio. Sin embargo, la defensa presentó un argumento clave: el contexto en que Karla se desenvolvía había sido ignorado por las autoridades, señalando al Estado mexicano como corresponsable de la situación.
Karla, que tenía 18 años al momento del crimen, fue víctima de abuso sexual mientras estaba bajo custodia de una institución de protección infantil. Esta experiencia, sumada a otras dificultades emocionales, afectó gravemente su bienestar mental.
El fallo judicial marca un punto importante en los debates sobre los derechos de los menores y las víctimas de violencia institucional, planteando interrogantes sobre la responsabilidad del Estado en casos tan complejos.
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