Morelia, Michoacán, México – Un tenso enfrentamiento se desató el 3 de noviembre de 2025, cuando la Guardia Civil de Michoacán reprimió con detenciones y uso de la fuerza a manifestantes y periodistas en el Palacio de Gobierno de Morelia. Este incidente ocurre tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, quien fue atacado durante una festividad del Día de Muertos.
Manzo, conocido por su lucha contra el crimen organizado, había solicitado apoyo federal, pero nunca recibió una respuesta. Su muerte ha encendido una ola de protestas en Michoacán, exigiendo justicia y mejores condiciones de seguridad.
En medio de las protestas, Dalia Villegas, periodista local, fue impedida de documentar el accionar de la Guardia Civil. El secretario de Seguridad Pública de Michoacán intervino directamente, generando una controversia sobre la libertad de prensa en el estado. Este incidente reavivó los debates sobre la falta de seguridad en la región y la creciente censura hacia los medios de comunicación.
La represión a manifestantes y periodistas genera una profunda preocupación en la sociedad michoacana, quienes cuestionan las prioridades del gobierno estatal y federal, especialmente tras el crimen que afectó a Manzo.
Recabamos opiniones de analistas sobre la situación: “Este tipo de acciones no solo muestran un problema de seguridad, sino también un grave retroceso en cuanto a las libertades fundamentales en el estado”, destacó el especialista en seguridad, Javier Ruiz.
Las reacciones en redes sociales han sido diversas. Mientras algunos ciudadanos critican al gobierno por no proteger a funcionarios como Manzo, otros advierten sobre el peligro de una creciente represión en el estado. Algunos usuarios de la plataforma X señalaron: "¿Por qué se protege a funcionarios que piden ayuda y no a los periodistas y ciudadanos?"
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