Las autoridades capturaron a diez agentes en servicio activo y dos en pasivo durante 16 allanamientos simultáneos en Guayaquil, desarticulando una presunta red dedicada a la alteración de pruebas y venta ilegal de autos retenidos.

En un operativo coordinado en la ciudad de Guayaquil, diez policías en servicio activo y dos en servicio pasivo fueron detenidos bajo sospecha de asociación ilícita. La intervención busca desmantelar una presunta estructura irregular al interior de la institución de seguridad.

Según los reportes de la Fiscalía, los sospechosos son investigados por la presunta manipulación de evidencias que se encontraban bajo resguardo policial. Además, se les atribuye la sustracción y posterior comercialización de vehículos y autopartes extraídos directamente de los patios de retención vehicular.

De acuerdo con el Ministerio Público, las diligencias de cateo se llevaron a cabo en múltiples áreas. La intervención abarcó sectores como La FAE, La Pradera, Vergeles, Alborada, así como bloques multifamiliares asignados a la Policía. En total, se ejecutaron 16 allanamientos, en los cuales las autoridades confirmaron los siguientes decomisos:

  • Teléfonos celulares.
  • Documentación relacionada con el caso.
  • Otras evidencias probatorias.
"Esta red es investigada por la presunta manipulación de evidencias bajo custodia policial, así como por la sustracción y comercialización de vehículos", detalló la Fiscalía.

Antecedentes recientes de irregularidades

Este operativo se produce un día después de que las autoridades informaran sobre el caso de un agente de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased) en Quito. Según la Fiscalía, este uniformado reconoció haber hurtado alrededor de 6.000 dólares durante el levantamiento de un cadáver, alegando una supuesta urgencia familiar. El oficial escondió el dinero bajo el asiento de su patrulla, fue interceptado por sus compañeros y actualmente cumple prisión preventiva.

Asimismo, en agosto pasado, otro agente de rango teniente fue procesado por el presunto delito de oferta de tráfico de influencias. Las investigaciones señalaron que el oficial exigía pagos de hasta 3.000 dólares por gestionar pases y traslados dentro de la institución, utilizando cerca de 30 grupos de WhatsApp para contactar a unos 900 policías.